Por estos días el país se enfrenta ante una grave crisis de seguridad debido al aumento de la delincuencia ejercida por menores de edad. Esta situación no solo ha alarmado a las autoridades sino que a demás ha puesto en duda la eficacia del código del menor para establecer un control ante esta problemática. Las edades promedio de los menores delincuentes más buscados en Colombia oscilan entre los 13 y 16 años de edad, con historiales delictivos que van desde hurto agravado, extorsión, homicidio, porte ilegal de armas y delitos sexuales entre otros.
La conducta delictiva de los menores involucrados en esta clase de delitos puede deberse a diversos factores, sociales, culturales, económicos y familiares. En el mayor número de los casos la baja calidad de vida y la pobreza son unos de los detonantes más comunes. la violencia en estos jóvenes tambien viene ligada a la descomposición familiar, el abuso y el abandono, otro origen de las conductas violentas se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas y en el nivel de desocupación de nuestros jóvenes.
En las ciudades grandes del país como Bogotá, Medellín y Cali el efecto de delincuencia juvenil ha sido tal que se han redoblado los controles de la policía en aras de mantener el orden y retomar el control de algunos barrios que han sido prácticamente aislados y dominados por bandas juveniles, mientras que en ciudades pequeñas como la nuestra el fenómeno parece ir tomando cada vez más fuerza.
Es indudable que este problema social tiene un trasfondo mucho más amplio de lo que parece y la legislación colombiana también contribuye al aumento de nuevos casos de delincuencia juvenil ya que en Colombia los delitos no son impugnables a los menores, dando como resultado sanciones poco drásticas en delitos como hurto agravado, extorsión, homicidio, porte ilegal de armas, narcotráfico y terrorismo.
Muchas veces las sanciones establecidas a estos menores consisten en ser internados en centros de reclusión especializados o no, donde reciben asistencia psicológica y familiar, sin embargo son periodos relativamente cortos ante la clase de delitos cometidos, donde el trabajo psicopedagógico no logra reorientarlos hacia una convivencia social sana y pacífica, de modo que al terminar su sentencia retoman el camino de la violencia.
Pareciera que la única salida es aumentar el nivel de severidad de las sanciones a los menores, sin embargo, considero que esta situación requiere una solución más compleja, pues el país necesita adoptar cuanto antes políticas sociales acordes a las necesidades de los más pobres y marginados y así lograr bajar el nivel de los factores que generan la violencia en nuestros jóvenes.
